PROYECTO DE LEY DE TIERRAS DE LA PROVINCIA DEL CHACO
INTRODUCCIÓN
ESTA LEY VA A CONSTITUIR UNA BISAGRA EN LA HISTORIA DE LA POSESIÓN Y EL USO DE LA TIERRA EN LA ARGENTINA. POR PRIMERA VEZ SE PROPONE SEA TRATADA COMO EL AGUA Y EL AIRE, UN RECURSO NATURAL INDISPENSABLE PARA LA VIDA, Y COMO TAL CONSIDERADA UN BIEN SOCIAL QUE DEBE PERMANECER FUERA DE CUALQUIER ESPECULACIÓN MERCANTIL.
Compañeros, aquí compartiremos con todos ustedes el texto del proyecto. Lo resaltado en azul es lo que a nuestro modesto juicio resultan como modificaciones más importantes.
Lo que está con letra verde es lo que tiene relación con los derechos de los pueblos originarios...
Desde ya, es importante la introducción de referencias puntuales a estos derechos, como también rescatamos como cuestión fundamental, la eliminación de las ventas para que este recurso natural escaso al que deben tener acceso los productores pobres no quede totalmente expuesto a las reglas del mercado, ya que de ser así, agotada la tierra pública actual nunca mas un productor que no pueda pagar entre mil y cinco mil u$s la hectárea tendrá tierra.
En este punto las opciones son: a) Seguir el camino actual de ventas hasta agotar en cinco años el remanente fiscal y quedar como otras provincias u otros países, desarrollados incluso, sin tierras estatales con la consiguiente imposibilidad de acceso a la misma de las futuras generaciones de productores especialmente de la Agricultura Familiar dado que el precio de mercado será aún mayor al actual al desaparecer el estado como proveedor de los mas pobres. En definitiva el espiral de concentración se acelerará violentamente, o;
b) La opción que proponemos que no es nada mas ni nada menos que iniciar un camino para que la tierra rural como recurso natural indispensable para la vida, sea considerada un bien social como el agua y el aire, y como tal preservada de las reglas del mercado. Que sea el estado el que la administra para que con equidad y justicia, con todos los marcos legales que las garanticen, sea efectivamente para quienes la trabajen y solo mientras la trabajen. Es decir que cuando por las razones que fuere decidan no hacerlo, recuperen lo que es suyo, las mejoras. La tierra, el estado la afectará a otro productor en un todo de acuerdo a las prioridades que se establezcan reglamentariamente. En cuanto a las mejoras éstas serán tasadas y el valor resultante puesto a disposición de su propietario o sus herederos si éstos no continúan con la explotación. A su vez, el nuevo adjudicatario, repondrá el valor de las mismas en los términos y condiciones que se establezcan en el contrato de concesión, comodato o arrendamiento tomando en consideración la capacidad productiva del predio a efectos de no imponer condiciones que no puedan ser cumplidas.
La tercera cuestión fundamental es la intervención del estado en las transacciones de tierras privadas reservándose el derecho de compra. Es la herramienta para que el "desalentar el latifundio" de la constitución deje de ser una expresión de deseos. Esto nos permitirá además expandir la tierra pública disponible incorporando al Banco de Tierras mayor superficie.
Estos cambios son para mejorar la muy buena ley vigente que tenemos pero que no puede lograr que las voracidades la respeten dado que del 1.830.000 hectáreas privatizadas (titularizadas) entre 1997 y 2007 (mas del 20% de la superficie rural provincial total) se estima que UN MILLON fueron revendidas con una diferencia entre el precio (promocional que el estado percibe para promover la actividad de los pobres) y el que concretó por la venta en el mercado inmobiliario, de mas de MIL CIEN MILLONES DE PESOS ($ 1.100.000.000). Ésta es la clave por la que muchos personajes de distintos ámbitos empresariales y políticos pluripartidarios están "sumamente preocupados" por que con la nueva ley los pobres nunca tendrán el título de su tierra. La hipocresía está a la vista. Se pretende seguir con este esquema en que título es sinónimo de negocio, para que los pobres vayan como marginales a terminar con su dignidad en las villas, mientras sus "defensores" se quedan con millones como intermediarios de éste criminal negocio.
Tendremos una gran oposición para sancionar esta ley, ya está a la vista. Los sectores concentradores de la tierra como la Sociedad Rural tomaron la delantera. Tratarán de desinformar a la sociedad y especialmente a los pequeños productores usando la "no venta" como si fuera un hecho negativo, especulando con la natural tendencia de muchos seres humanos de apropiarse de las cosas. Argumentarán que no podrán hipotecar para obtener créditos, etc., etc. Lo de no hipotecar para los pequeños es en realidad positivo porque la experiencia indica que los pocos que lo hicieron, perdieron sus tierras. A este sector es el estado y su propia organización lo que debe permitir el desarrollo y no los bancos. Para eso es que como una herramienta proponemos la constitución de Consorcios de Servicios Rurales.
Sin dudas podemos afirmar que estas leyes, la de Tierras y la de Consorcios SON REVOLUCIONARIAS. Solo que es conveniente aclarar que revolucionarias significa "que producen un cambio profundo, un quiebre positivo para la sociedad", porque no faltará algún pelotudo que maliciosamente interprete otra cosa.
Volviendo a la oposición, obviamente también está es la disputa política donde la oposición si ve que es positivo y puede generar rédito para el oficialismo, con cualquier argumento trata de evitar su sanción. Y dentro de nuestro propio Frente, también está a la vista que hay operaciones de un sector, desde ya en defensa de intereses que no se expresan con honestidad, para que estas leyes no salgan. Centenares de millones fueron a algunos bolsillos en el negociado de la tierra. Esos bolsillos, ni el interés por que el negocio continúe no tuvo ni tiene color político. Somos declarados enemigos de muchos porque no cedemos ante nada ni nadie. Y le reconocemos al gobernador el apoyo frente a puntuales pedidos de compañeros para que nos desplace a quienes le ha pedido fundamentos que no pudieron dar. Y estoy seguro que una de las razones de este sostenimiento es que el gobernador tiene la garantía que, mas allá de errores y aciertos, nuestras palabras tienen el contenido que expresan, y que no existe precio que pueda modificar nuestros principios.
Por nuestra parte, aceptamos todos los aportes y las críticas honestas y bien intencionadas estando las puertas del Instituto abiertas para todos los que quieran hacer cualquier tipo de sugerencia.
Respecto de las leyes tenemos enero y febrero para enriquecerlas. Después les mando la de Consorcios.
Lo que está con letra verde es lo que tiene relación con los derechos de los pueblos originarios...
Desde ya, es importante la introducción de referencias puntuales a estos derechos, como también rescatamos como cuestión fundamental, la eliminación de las ventas para que este recurso natural escaso al que deben tener acceso los productores pobres no quede totalmente expuesto a las reglas del mercado, ya que de ser así, agotada la tierra pública actual nunca mas un productor que no pueda pagar entre mil y cinco mil u$s la hectárea tendrá tierra.
En este punto las opciones son: a) Seguir el camino actual de ventas hasta agotar en cinco años el remanente fiscal y quedar como otras provincias u otros países, desarrollados incluso, sin tierras estatales con la consiguiente imposibilidad de acceso a la misma de las futuras generaciones de productores especialmente de la Agricultura Familiar dado que el precio de mercado será aún mayor al actual al desaparecer el estado como proveedor de los mas pobres. En definitiva el espiral de concentración se acelerará violentamente, o;
b) La opción que proponemos que no es nada mas ni nada menos que iniciar un camino para que la tierra rural como recurso natural indispensable para la vida, sea considerada un bien social como el agua y el aire, y como tal preservada de las reglas del mercado. Que sea el estado el que la administra para que con equidad y justicia, con todos los marcos legales que las garanticen, sea efectivamente para quienes la trabajen y solo mientras la trabajen. Es decir que cuando por las razones que fuere decidan no hacerlo, recuperen lo que es suyo, las mejoras. La tierra, el estado la afectará a otro productor en un todo de acuerdo a las prioridades que se establezcan reglamentariamente. En cuanto a las mejoras éstas serán tasadas y el valor resultante puesto a disposición de su propietario o sus herederos si éstos no continúan con la explotación. A su vez, el nuevo adjudicatario, repondrá el valor de las mismas en los términos y condiciones que se establezcan en el contrato de concesión, comodato o arrendamiento tomando en consideración la capacidad productiva del predio a efectos de no imponer condiciones que no puedan ser cumplidas.
La tercera cuestión fundamental es la intervención del estado en las transacciones de tierras privadas reservándose el derecho de compra. Es la herramienta para que el "desalentar el latifundio" de la constitución deje de ser una expresión de deseos. Esto nos permitirá además expandir la tierra pública disponible incorporando al Banco de Tierras mayor superficie.
Estos cambios son para mejorar la muy buena ley vigente que tenemos pero que no puede lograr que las voracidades la respeten dado que del 1.830.000 hectáreas privatizadas (titularizadas) entre 1997 y 2007 (mas del 20% de la superficie rural provincial total) se estima que UN MILLON fueron revendidas con una diferencia entre el precio (promocional que el estado percibe para promover la actividad de los pobres) y el que concretó por la venta en el mercado inmobiliario, de mas de MIL CIEN MILLONES DE PESOS ($ 1.100.000.000). Ésta es la clave por la que muchos personajes de distintos ámbitos empresariales y políticos pluripartidarios están "sumamente preocupados" por que con la nueva ley los pobres nunca tendrán el título de su tierra. La hipocresía está a la vista. Se pretende seguir con este esquema en que título es sinónimo de negocio, para que los pobres vayan como marginales a terminar con su dignidad en las villas, mientras sus "defensores" se quedan con millones como intermediarios de éste criminal negocio.
Tendremos una gran oposición para sancionar esta ley, ya está a la vista. Los sectores concentradores de la tierra como la Sociedad Rural tomaron la delantera. Tratarán de desinformar a la sociedad y especialmente a los pequeños productores usando la "no venta" como si fuera un hecho negativo, especulando con la natural tendencia de muchos seres humanos de apropiarse de las cosas. Argumentarán que no podrán hipotecar para obtener créditos, etc., etc. Lo de no hipotecar para los pequeños es en realidad positivo porque la experiencia indica que los pocos que lo hicieron, perdieron sus tierras. A este sector es el estado y su propia organización lo que debe permitir el desarrollo y no los bancos. Para eso es que como una herramienta proponemos la constitución de Consorcios de Servicios Rurales.
Sin dudas podemos afirmar que estas leyes, la de Tierras y la de Consorcios SON REVOLUCIONARIAS. Solo que es conveniente aclarar que revolucionarias significa "que producen un cambio profundo, un quiebre positivo para la sociedad", porque no faltará algún pelotudo que maliciosamente interprete otra cosa.
Volviendo a la oposición, obviamente también está es la disputa política donde la oposición si ve que es positivo y puede generar rédito para el oficialismo, con cualquier argumento trata de evitar su sanción. Y dentro de nuestro propio Frente, también está a la vista que hay operaciones de un sector, desde ya en defensa de intereses que no se expresan con honestidad, para que estas leyes no salgan. Centenares de millones fueron a algunos bolsillos en el negociado de la tierra. Esos bolsillos, ni el interés por que el negocio continúe no tuvo ni tiene color político. Somos declarados enemigos de muchos porque no cedemos ante nada ni nadie. Y le reconocemos al gobernador el apoyo frente a puntuales pedidos de compañeros para que nos desplace a quienes le ha pedido fundamentos que no pudieron dar. Y estoy seguro que una de las razones de este sostenimiento es que el gobernador tiene la garantía que, mas allá de errores y aciertos, nuestras palabras tienen el contenido que expresan, y que no existe precio que pueda modificar nuestros principios.
Por nuestra parte, aceptamos todos los aportes y las críticas honestas y bien intencionadas estando las puertas del Instituto abiertas para todos los que quieran hacer cualquier tipo de sugerencia.
Respecto de las leyes tenemos enero y febrero para enriquecerlas. Después les mando la de Consorcios.
COMO NO PODEMOS CARGAR EN UN SOLO ARCHIVO TODA LA LEY, LO HACEMOS EN DOS PARTES.
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